LAS OTRAS NOTICIAS (343)
7 de Octubre de 2024
FUENTES: El País, eldiario.es, Público, InfoLibre, El Salto, Contextos, Rebelion.or, Cadena Ser.
EL CLAMOR DE LA CALLE
Desde Nueva Zelanda a Londres; de Sidney a Berlín; de Bangkog a París; de Ciudad del Cabo a Madrid… Millones de ciudadanos del mundo han salido a las calles el pasado fin de semana para exigir el fin del genocidio israelí contra Gaza y el embargo de armas y de tecnología militar y de seguridad con Israel, además de exigir responsabilidades a Israel “por sus crímenes de lesa humanidad”.
Un año de genocidio arroja un balance desolador: 41.788 asesinados (entre ellos 16.000 niños), 96.794 heridos, el 90% de la de los gazatíes desplazados. Las 85.000 toneladas de explosivos sobre Gaza han destruido o dañado severamente universidades, escuelas, hospitales, mezquitas, carreteras, centros humanitarios de refugio…
El genocidio está claro. La victoria del ejército de Israel, no tanto, ya que de nuevo bombardea intensamente territorios de los que Hamás había sido supuestamente desmantelado y desalojado.
En Madrid, más de 30.000 personas corearon consignas como “bombardear niños no es defensa propia", “Israel asesina, Europa patrocina”, “cada niño muerto es un niño nuestro”.
La Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina, principal convocante de las manifestaciones en España, ha recordado que “se cumplen 76 años de ocupación de Palestina por un régimen colonial y de apartheid que, con la complicidad de la comunidad internacional, ha perpetuado la limpieza étnica, la violencia sionista, el robo de tierras y los asesinatos”.
Los manifestantes han exigido al gobierno romper relaciones con el Estado de Israel, aplicar sanciones y parar la venta de armas. "No sirve de nada que mandes pan a un refugiado si sigues armando a quien lo está asesinando", comentó un manifestante. También han lamentado que los intereses de los gobiernos occidentales en la región estén “completamente ligados a los de Israel", lo que los convierte en "culpables del genocidio".
“LO QUE HEMOS VISTO EN GAZA”
Son 99 médicos, cirujanos, profesionales de enfermería y matronas estadounidenses, que durante el año de genocidio han trabajado como voluntarios en la Franja de Gaza, y estiman que el número de víctimas mortales gazatíes puede superar las 118.908, el 5,4% de la población.
Han trabajado con diversas organizaciones no gubernamentales y con la Organización Mundial de la Salud, y se han dirigido a su gobierno, porque “no podemos permanecer callados ante lo que hemos visto en Gaza”.
Y lo que han visto es que, “salvo contadas excepciones, todos los habitantes de Gaza están enfermos, heridos o ambas cosas”; que la malnutrición es generalizada pacientes y en los sanitarios palestinos; que el continuo desplazamiento de la población a zonas sin agua corriente ha provocado una mortandad a causa de enfermedades diarreicas víricas y bacterianas y neumonías; que los niños han sufrido una violencia dirigida contra ellos de un modo premeditado; que Israel ha destruido más de la mitad de los recursos sanitarios de Gaza y ha matado a casi 1.000 trabajadores sanitarios palestinos…
Aseguran que ninguno de ellos vio ni una sola vez ningún tipo de actividad militante palestina en ninguno de los hospitales u otras instalaciones sanitarias.
“No podemos olvidar las escenas de una crueldad insoportable contra mujeres y niños en las que nuestro gobierno participa directamente… No podemos comprender por qué siguen ustedes armando al país que está matando deliberadamente y en masa a estos niños”, agregan.
Instan a su gobierno a retirar inmediatamente el apoyo militar, económico y diplomático al Estado de Israel y a participar en un embargo internacional de armas a Israel y a todos los grupos armados palestinos hasta que se establezca un alto el fuego permanente en Gaza. “Cada día que seguimos suministrando armas y municiones a Israel es un día más en el que nuestras bombas aniquilan mujeres y nuestras balas asesinan niños”, concluye la carta de los sanitarios.
¿FINANCIAMOS CON NUESTRO DINERO EL GENOCIDIO?
Una docena de bancos españoles han financiado con 3.800 millones de euros a empresas que han vendido a Israel armamento utilizado en la masacre de Gaza, según un informe del Centre Delàs de Estudios por la Paz.
El 95,4% de esa financiación (3.600 millones de euros) ha sido realizada por los bancos Santander y BBVA, pero también han participado La Caixa Group, Bestinver, EDM Group, Ibercaja, Banco Caminos, Dux Inversores, Abaco Capital, Renta 4 Banco, GVC Gaesco y Banca March.
Esa financiación ha hecho posible que bombas guiadas, aviones F-15 y F-35, obuses autopropulsados de 155 mm. y munición de gran calibre para tanques y artillería haya sido utilizada directamente en la masacre de miles de civiles.
Cabe recordar que esos mismos bancos desahucian en España a miles de familias de escasos recursos, mientras acaparan y especulan con las viviendas vacías.
¿Estamos apoyando con nuestro dinero el genocidio? ¿Cómo garantizar que nuestros ahorros y el dinero público no se transformen en armas para oprimir y asesinar pueblos? El Centre Delàs propone como alternativa depositar nuestros ahorros en los bancos de "finanzas éticas", que rechazan la inversión en empresas productoras de armamento y promueven un modelo financiero en el que se reduzca la desigualdad y la injusticia social.
¿QUÉ PASA CON LA VIVIENDA?
Los datos dicen que en España hay 26,9 millones de viviendas y 19,2 millones de hogares. O sea, hay 7,7 millones de viviendas más que de hogares. Muchas familias, tienen una segunda vivienda, pero ¿cuántas son las que están vacías? Los datos indican también que hay 447.691 viviendas sin estrenar. Sin embargo, el Banco de España afirma que es necesario construir 600.000 más. ¿Para qué, si no hay quien las compre o no pueda pagar el alquiler?
Para acceder a una vivienda no basta con que haya suficientes en el mercado. Es necesario tener ingresos suficientes para comprarlas o pagar el alquiler. Y eso no depende de que haya más o menos viviendas en el mercado. El mercado no proporciona vivienda al que la necesita, sino al que pueda pagarla. Muchos miles de españoles no pueden acceder a una vivienda, pero el fondo de inversión Blackstone (fondo buitre) es propietario de 30.000.
Hemos perdido los papeles desde hace décadas. La vivienda ha dejado de ser un bien destinado a satisfacer una necesidad social y ha pasado a ser un bien de mercado, un activo financiero susceptible de especular con él para hacer dinero.
La creciente presencia de los fondos buitre en el mercado de viviendas las hace inasequibles para quienes más las necesitan. Actúan en ese medio la especulación inmobiliaria, el alza de precios y su desajuste con los sueldos y salarios, que reducen el poder adquisitivo de la mayoría.
“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. Lo dice la Constitución (artículo 47), y queda muy bonito.
Claro que hay que aumentar la construcción de nuevas viviendas asequibles, fiscalizar la especulación inmobiliaria, establecer el suelo como bien público, fomentar el alquiler, controlar los precios o establecer que el pago para acceder a la vivienda no supere un determinado porcentaje del ingreso. Pero, sobre todo, es necesario asumir el principio de que la vivienda es un derecho de todos y todas, y que ese negocio está sobre los negocios de los inversores.
LOS BARCOS DE RESCATE, EN EL PUNTO DE MIRA
El gobierno de la Comunidad Valenciana (del Partido Popular) ha exigido al barco humanitario Aita Mari, que rescata pateras en el Mediterráneo, pagar con carácter retroactivo las tasas por haber utilizado puertos de esa Comunidad para desembarcar migrantes rescatados y para hacer tareas de reparación y mantenimiento. Ello implica 63.300 euros.
Es una manifestación más de la estrategia de los gobiernos de derecha en Europa para impedir el rescate en alta mar y obstaculizar la llegada de las personas migrantes y refugiadas. Los barcos de rescate son criminalizados y las personas responsables son denunciadas como colaboradoras con las mafias.
Los organismos de rescate oficiales, de manera especial la agencia europea Frontex, con frecuencia impiden que se lleven a cabo los salvamentos, retrasando la llegada al punto donde se encuentran las naves precarias y devolviéndolas al país de origen, lo que ha hecho que miles de buscadores de la vida hayan caído de nuevo en el infierno de malos tratos de Libia.
La mayoría de los inmigrantes que llegan de forma irregular a Europa proceden de países donde empresas europeas, aliadas con las élites políticas, militares y económicas locales y con organizaciones paramilitares, explotan los recursos naturales sin dejar ningún beneficio al país. La pobreza y la violencia obligan a la población a buscar la vida en Europa.
Según la Comisión Católica Española de Migraciones, al menos 3.997 personas murieron en 2023 en la frontera sur de Europa. Sin el rescate de los barcos humanitarios, las vidas perdidas serían muchas más. Los barcos de las ONGs de rescate que operan en el Mediterráneo se hacen imprescindibles.
TRABAJADORES EN SITUACIÓN DE SEMIESCLAVITUD
Llevaba varios años con su sistema: Reclutaba personas extranjeras en situación irregular para trabajar en explotaciones agrícolas en la provincia de Valladolid. Les exigía más de 10 horas de trabajo al día, de lunes a domingo, sin descanso, obligándolos a trabajar incluso enfermos. No estaban dados de alta en la Seguridad Social. Su salario eran siete euros por hora, pero les descontaba 2,50 diarios en concepto de transporte y 200 mensuales por alojarlos “en una infravivienda en ruinas, con humedades, insectos y careciendo de agua caliente y calefacción”.
Según las autoridades, vivían “bajo unas condiciones abusivas que rozan la semiesclavitud”. También señalan que esta clase de explotación laboral es frecuente en el ámbito agrario, debido a una “situación administrativa que les imposibilita (a los “sin papeles”) acceder al mercado laboral”, y a que tienen familiares a su cargo que dependen económicamente de ellos, por lo que se ven obligados a aceptar las condiciones laborales abusivas.
El empresario los embaucaba con “falsas promesas de un contrato de trabajo a largo plazo que les permitiera poder regularizar su situación en España”. De hecho, llevaban varios meses sin cobrar en concepto de gastos por la gestión de ese supuesto contrato laboral.
LOS ARGENTINOS, A LA CALLE
Argentina resiste la ofensiva fascista y neoliberal. Un millón y medio de personas salieron el 2 de octubre a la calle en todo el país (casi medio millón de ellas en Buenos Aires) para exigir el fin del ajuste en la educación pública. Hace unos días, el Parlamento aprobó una ley de financiamiento universitario, para garantizar fondos suficientes para las actividades académicas e incrementar los salarios de los catedráticos y empleados, muy golpeados por la inflación. Los fondos involucrados apenas alcanzan el 0.14% del Producto interior bruto. Muchos de los empleados en las universidades públicas perciben salarios que los sitúan por debajo de la línea de la pobreza, e incluso de la indigencia.
El presidente Milei reaccionó de inmediato anunciando que vetaría la ley. Milei ha presentado un presupuesto para 2025 cuyo principal objetivo es la “necesidad de un déficit cero”, y ha reducido el presupuesto para ciencia en un 30% y el de educación en un 40%.
Los manifestantes (comunidad educativa, sino sindicatos, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, y referentes de la oposición) le piden que no aplique el veto a la ley de presupuesto. Y piden al Parlamento que, si Milei ejerce el veto, continúen defendiendo en el Congreso la ley.
También denunciaron los despidos masivos realizados por el gobierno en las dependencias del Estado y señalaron que el índice de pobreza ha crecido este año más del 10% (en el caso de los jubilados más del 13%) y que casi el 70% de niñas y niños viven en la pobreza.
