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27 de Mayo de 2024
FUENTES: El País, eldiario.es, Público, InfoLibre, El Plural, El Salto, Contextos, Rebelion.or, LoQueSomos, Cadena Ser.
RECONOCIMIENTO DEL ESTADO PALESTINO
España, junto a Irlanda y Noruega, reconocen al Estado Palestino. Se espera que otros países europeos lo hagan próximamente.
Quizá la medida hubiera sido más eficaz de haber sido tomada hace siete meses. En cualquier caso, no es poner una pica en Flandes. Antes del reconocimiento español, ya lo han hecho 145 de los 193 países que forman parte de la ONU (es decir, el 75%).
Israel reaccionó acusando a España de ser cómplice del terrorismo (de Hamás). El ministro de Exteriores amenazó con “hacer daño a los que le hagan daño” a su país.
Por otra parte, el Tribunal de Justicia Internacional, de la ONU, ha ordenado a Israel poner fin "inmediatamente" a la ofensiva contra Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, permitir el acceso a las agencias de ayuda humanitaria, abrir el paso de Rafah para la llegada de ayuda humanitaria y permitir la entrada de inspectores para realizar una investigación sobre el terreno, en un fallo vinculante que no admite alegaciones.
Israel, que no reconoce la jurisprudencia del Tribunal, ha respondido intensificando sus bombardeos sobre Rafah, que han hecho ascender los muertos en la Franja a más de 36.000, la mayoría civiles, desde que se inició el genocidio el 7 de octubre pasado. Entre ellos se cuentan más de 50 que murieron el 26 de mayo al atacar el ejército israelí un campo de refugiados en el barrio de Tal al Sultán, al noroeste de Rafah, uno de los lugares señalados por Israel como zona humanitaria, a donde había obligado a los gazatíes a desplazarse.
Horas antes, Hamás había lanzado "una batería de cohetes" sobre Tel Aviv, la capital israelí, aunque no se informó de bajas ni daños. Hamás también anunció que sus fuerzas han capturado a varios soldados israelíes en Yabalia, al norte de la Franja, donde se registran combates desde hace varios días.
Ambas noticias han confirmado las dudas entre los analistas militares, que desde hace semanas observan que la matanza masiva de civiles no parece conducir a la eliminación de las fuerzas de Hamás.
Más de 800.000 personas han huido de Rafah hacia otros lugares igualmente inseguros desde que hace 20 días, cuando Israel intensificó su ofensiva sobre la ciudad. La mayoría de ellos se habían refugiado en ella tras los ataques israelíes al resto de la Franja.
¿TERRORISTAS?
La incursión militar de Hamás a Israel el 7 de octubre pasado constituyó una especie de asedio de unas horas a una pequeña parte de Israel. En la acción murieron “unos 1.200 israelíes”, según el gobierno israelí (entre ellos 33 niños y un periodista), de los que al menos la mitad lo fueron por el propio ejército israelí. No fue atacada ninguna instalación sanitaria.
Desde 1948, Israel ha estado expulsando de sus tierras por la fuerza a los palestinos para levantar en ellas asentamientos ilegales. Hamás, surgido en 1987, no ha construido ningún asentamiento palestino en suelo israelí.
Desde 1967, alrededor de 76.000 palestinos han sido encarcelados en Israel, donde han sufrido tortura y condenas en juicios militares sin ninguna garantía.
En los últimos 17 años, Israel ha encerrado en Gaza a más de dos millones de palestinos, en lo que se ha llamado un campo de concentración a cielo abierto, impidiéndoles el acceso a bienes esenciales para la vida.
Por cada israelí muerto el 7 de octubre pasado, Israel ha matado a más de 35 en Gaza, donde la población se ve privada de agua, alimentos, medicinas, electricidad y combustible, con numerosos episodios de diarrea, infecciones respiratorias o ictericia.
Recientemente, el gobierno israelí ha difundido un video en el que se ve a varias jóvenes detenidas por Hamás en su incursión del 7 de octubre, pero omitiendo que se trata de soldadas capturadas en la base militar Nahal Oz.
Occidente, sin embargo, da por bueno que Hamás es una organización terrorista, mientras elogia a Israel, lo financia, lo arma y le proporciona cobertura diplomática.
SANIDAD: DECENAS DE MILES DE RAZONES.
Se lanzaron a la calle. Gritaban "La sanidad no se vende, se defiende", “Sanidad de calidad, eso sí que es libertad”, “Recortar en sanidad es un acto criminal” y otros slogans. Estaban convocados por los activistas en favor de la sanidad madrileña.
Muchos no sabían que 1.003.721 madrileños están en lista de espera para una prueba diagnóstica, una consulta externa o una intervención quirúrgica. Ni que la Comunidad de Madrid dedica solo el 1,1% de sus presupuestos a Sanidad, frente al 3,6% del conjunto del país. Ni que hace años que Madrid pierde ingresos debido a las rebajas fiscales a los grupos de rentas más altas. Tampoco sabían que todo eso es resultado de la política neoliberal que campea en Madrid desde hace más de 20 años, que concibe la Sanidad como un negocio privado y no como un derecho fundamental de las personas.
Han oído que la Comunidad ha ido disminuyendo la financiación de la sanidad pública y provocando su deterioro, para demostrar que no funcionaba y tener así una excusa para su progresiva privatización. También han oído que los profesionales sanitarios son hoy 2.789 menos que hace 15 años, mientras los madrileños son 544.979 más. Y también, que los servicios privatizados implican para el Estado aumentos de los costes entre 7 y 11 veces con relación a los costes del sector público.
Ellos sí sabían que, cuando piden una cita con el traumatólogo, el cardiólogo o otorrino, se la dan para dentro de tres meses o más, y que muchos tienen que esperar once días para conseguir una cita en la Atención Primaria. Saben que en sus centros de salud no hay ni la mitad de la plantilla; que muchos pacientes ni siquiera tienen asignado médico de cabecera; que los médicos/as y enfermeros/as están sobresaturados de trabajo; y que muchos servicios de urgencia extrahospitalarios están cerrados o sin médico...
Por eso, decenas de miles de madrileños, bajo el lema “Nos va la vida en ello”, salieron a la calle a demandar un derecho básico como la salud. Y a recordar a los 7.291 ancianos fallecidos en las residencias durante la pandemia, cuando la Comunidad de Madrid decidió que no fueran llevados al hospital ni recibieran atención médica en sus residencias (“Protocolos de la Vergüenza”).
CUANDO EL SALARIO SE VA EN EL ALQUILER
La mitad de los trabajadores españoles que viven de alquiler destinaron a ese gasto el 43% de su salario en promedio en 2023 , dos puntos más que en 2023, según un informe de las plataformas Infojobs y Fotocasa. Es el porcentaje más alto de los últimos cinco años.
En algunas Comunidades, como Baleares o Madrid, el porcentaje es superior al 60% del salario, para una vivienda de 80 metros cuadrados.
En 2023 los sueldos en España bajaron un 1.6% frente a una subida del 5.7% de los precios de las viviendas en alquiler.
LOS SIN HOGR, ABANDONADOS A SU SUERTE
Más de 1.000 personas sin hogar viven en la calle en Madrid, y los Servicios Sociales del Ayuntamiento les deniegan la protección a la que tienen derecho. Lo denuncia ante la Fiscalía General del Estado el movimiento Nadie Sin Hogar.
Indica que existen plazas libres para esas personas en los servicios de acogida, per se les deniegan sistemáticamente. "El criterio que prevalece, dice, es ahorrar dinero, sin tener en cuenta la protección de vida de las personas".
Muchos de los sin hogar, algunos con discapacidad, fueron desahuciados de sus viviendas sin tener otra alternativa habitacional, como resultado de la especulación inmobiliaria.
En este momento los fondos buitre tienen puesta su vista en más de 1.000 edificios en Madrid, con lo que están en peligro de desahucio unas 21.500 personas.
De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística, en España hay 28.552 personas sin hogar.
TRIBUNALES: ELLA TIENE LA CULPA
Era el 19 de febrero de 2021. Cientos de personas se manifestaban en Barcelona contra la detención del rapero Pablo Hasél y por la libertad de expresión.
Este músico popular fue detenido, juzgado y condenado por “enaltecimiento del terrorismo”, injurias a la Corona“ e “injurias contra las instituciones”, aunque varios magistrados y magistradas de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo apostaron por su absolución, por considerar que las letras de sus canciones quedaban amparadas por la libertad de expresión.
El hecho es que algunos manifestantes exaltados saquearon varios comercios y se enfrentaron a la policía; 18 personas fueron detenidas y 55 resultaron heridas.
En ese contexto, la policía disparó contra los manifestantes 420 balas foam, un proyectil de precisión viscoelástico que se dispara con fusil de mirada telescópica. Uno de esos proyectiles impactó en el ojo de una joven de 19 años, que perdió el ojo.
Sus abogados acusaron a la policía de dispararle "de manera intencionada". Pero el juez Joaquín Aguirre considera que la víctima "se autocolocó en una situación de peligro" y que debe "cargar con las consecuencias". Y archiva la causa contra los tres policías implicados, al considerar que no hubo intencionalidad al disparar y que su actuación fue "proporcionada".
La organización Irídia, que defiende los derechos civiles y políticos y promueve cambios en las políticas públicas, ha recurrido la sentencia.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos y organismos de la ONU han señalado que el uso de la fuerza a través de ese tipo de proyectiles puede constituir tortura y trato inhumano o degradante, especialmente cuando la persona herida no supone para los agentes una amenaza inmediata de causarles lesiones graves o muerte.
Algunos analistas se preguntan si es seguro salir a la calle a manifestarse y hasta dónde llega el margen de acción de la policía. ¿Puede disparar a la cabeza de los manifestantes? ¿Puede producir mutilaciones, con cargo a la víctima?
LA FRESA Y LAS CHABOLAS
Otra vez ardieron las chabolas (plásticos, tablas, cartones…) de los trabajadores migrantes en el “asentamiento de los malienses”, de Lucerna del Puerto, Huelva, que ni siquiera habían terminado de reconstruir las más de 100 destruidas en el incendio de hace un año.
Lucena del Puerto tiene 15 asentamientos de chabolas, con 616 personas. Pero en otros municipios cercanos hay decenas de asentamientos más, donde viven unos 2.000 trabajadores, en su mayoría inmigrantes subsaharianos, de acuerdo a la organización “Andalucía Acoge”.
Los trabajadores sufren la acumulación de basura y la falta de agua. Algunos grupos humanitarios les llevan agua, comida, colchones, ropa y bicicletas.
En años recientes se han contabilizado más de 50 incendios en esos asentamientos, con algunos muertos. Es frecuente que, cuando se producen un incendio, los alcaldes prohíban reconstruir las chabolas. Muchos trabajadores migrantes duermen en los bancos de las calles o en tiendas de campaña cerca de los lugares de trabajo.
Se trata de trabajadores temporeros, que recogen las cosechas de la fresa y otros productos agrícolas, que cada año requieren más de 100.000 trabajadores, según las asociaciones agrarias. España es el primer exportador mundial de fresa. De cada cien fresas que comen los europeos, 94 se producen en Huelva.
Recientemente, el Ayuntamiento de Lepe, ubicado en la región, ha puesto en funcionamiento una residencia para los trabajadores temporeros con capacidad para 152 personas, que pagarán una cuota mensual de 157,50 euros al mes y contarán con un equipo de orientación sociolaboral. Algo es algo…