Las Otras Noticias - 2024 (305)

LAS OTRAS NOTICIAS (305)

 

5 de enero de 2024

FUENTES: El País, eldiario.es, Público, InfoLibre, Cadena Ser, VientoSur, El Plural, El Salto, Rebelion.or, LoQueSomos, Contextos.

LA MATANZA Y LA COMPLICIDAD SIGUEN

Continúa la masacre, ante la indiferencia de la comunidad internacional. Los muertos ascienden ya a 22.438, es decir, el 1% de los gazatíes antes de iniciarse el actual proceso de exterminio; el 70% son mujeres y niños. Los heridos son más de 58.000, y unos 8.000 cadáveres están atrapados bajo los escombros.

Entre los muertos hay al menos 80 periodistas y 142 trabajadores de la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina.

Los aproximadamente 1.500 detenidos son sometidos a torturas físicas y psicológicas, hambre, sed, falta de sueño y continuos interrogatorios en condiciones de frío extremo.

Israel ha lanzado sobre Gaza unas 29.000 bombas de alto poder (Estados Unidos lanzó sobre Irak 3.678 entre 2004 y 2010), que han destruido o dañado severamente el 70% de las viviendas, así como iglesias bizantinas, mezquitas, fábricas, cines y escuelas, hospitales, centros de salud.

En Cisjordania, los palestinos muertos ya son 324, al 76 de ellos niños.

Los dirigentes israelíes hablan cada vez con más desfachatez de su proyecto de que los gazatíes salgan de su territorio y sean acogidos por otros países, para que los colonos israelíes se establezcan en la Franja y “hagan florecer el desierto”. De hecho, ha trascendido que el gobierno israelí ha iniciado conversaciones con varios países, entre ellos la República del Congo, para alojar a población palestina desplazada. Este proyecto es rechazado por toda la comunidad internacional, incluido Estados Unidos, pero eso -ya se ha demostrado hasta la saciedad- no será suficiente para que Israel, consciente de su impunidad, se detenga.

Por otro lado, en un ataque con drones en Beirut, Líbano, Israel mató a Saleh al Aruri, número dos de Hamás, y a otros seis milicianos, lo que el gobierno libanés calificó como un "flagrante ataque” a su soberanía.

Desde que se inició el 7 de octubre en Gaza no han cesado las escaramuzas entre el ejército israelí y las milicias de Hizbulá, aliado de Hamás e Irán, que han dejado 13 muertos israelíes y 168 milicianos de Hizbulá y 28 civiles del lado libanés. El atentado contra Saleh al Aruri y sus compañeros ha sido interpretado como un indicador de que Israel se plantea atacar militarmente el Líbano para atacar a los grupos de Hamás y Hizbulá. De hecho, ha evacuado a cerca de 80.000 ciudadanos israelíes de la zona fronteriza con Líbano.

Los analistas dicen que crecen las posibilidades de una internalización del conflicto, que podría abarcar, además de Líbano, a Siria, el más Rojo y, finalmente, a Irán. Este país, principal enemigo regional de Israel, ya ha jurado venganza por la muerte de Al Arouri. Lo mismo han hecho Hamás y Hizbulá.

Mientras tanto, continúa el desastre humanitario en el que sobreviven más de dos millones de personas atrapadas en el sur Gaza, sin apenas agua potable, electricidad, combustible ni alimentos desde hace casi tres meses.

Es atronador el silencio cómplice y encubridor de Occidente, exponente de la degradación y deshumanización a la que hemos llegado. ¿Por qué nuestros gobiernos no hacen nada ante el genocidio? ¿Por qué los ciudadanos parecemos aceptarlo como algo inevitable? ¿Cuál es el futuro de nuestra civilización?

ESPAÑA: BONANZA Y POBREZA

La bonanza económica campea en todos los indicadores macroeconómicos en España. Por primera vez trabajan más de 21,2 millones de personas (1,4 millones más que al inicio de la pandemia, en enero de 2020); terminamos 2023 con un 4,59% menos desempleados que en 2022; el producto interior bruto supera los 1,4 millones de euros; los salarios suben a un ritmo no conocido en los últimos años; la bolsa subió en 2023 un 22,76%, la mayor subida en 14 años; las políticas públicas han recobrado algún sentido social…

Pero la bonanza no parece llegar a las clases populares. La tasa de pobreza lleva quince años, entre bonanzas y crisis, por encima del 20%. Algunos hablan de la cronificación de la pobreza.

El número de personas en riesgo de pobreza llega a 9,7 millones de personas (una de cada cinco). Así lo indica un reciente informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza.

El crecimiento del PIB ya no puede considerarse un termómetro adecuado para medir la mejora del bienestar social, ya que en años recientes el aumento del PIB per cápita con frecuencia ha coincidido con aumentos de la tasa de pobreza. El empleo estable y la formación académica ya no constituyen elementos para salir de la pobreza. De hecho, se incrementa el número de las personas pobres con empleo y de las personas pobres con estudios medios y/o universitarios.

Más de cuatro millones de perceptores de pensiones de jubilación, viudedad e incapacidad pasan el mes con menos de 850 euros.

Aún quedan 2.707.456 personas desempleadas (1.616.973 mujeres y 1.090.483 hombres.

El factor más grave de la exclusión es la vivienda. Los gastos en ella, sea alquiler o hipoteca, más los suministros básicos, hacen que tres millones de hogares (uno de cada seis) esté por debajo del umbral de la pobreza severa. Y todo indica que ese costo seguirá subiendo, afectando sobre todo a jóvenes, mujeres y parados de mayor edad.

Pero, en el fondo y en la base, está el problema de la desigualdad en la distribución de la riqueza, el verdadero talón de Aquiles de nuestro sistema económico…

LA JUSTICIA Y LA MINA DE COLTÁN EN GALICIA

Es la única mina de la que se extrae coltán en Europa. Se encuentra en Viana do Bolo, Orense, y recientemente el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha ordenado paralizar sus labores, que había autorizado la Xunta de Galicia (gobierno regional). La ONG Ecoloxistas en Acción canalizó el rechazo de los vecinos y pidió la impugnación de la autorización, a lo que ha accedido al alto Tribunal porque, “ante la mera posibilidad de que se produzca un daño irreparable o de muy difícil reparación, debe prevalecer la suspensión de la ejecución de la actividad que puede producir ese riesgo”.

La mina Penouta fue descubierta hace más de un siglo, y desde 1960 se extrajeron de ella cantidades notables de minerales, principalmente granito y wolframio. A mediados de los 80 fue abandonada, pero en años recientes reanudó su actividad, operada por la compañía canadiens Strategic Minerals. A consecuencia de ello, en varios arroyos de la zona se ha comprobado la presencia de arsénico, cadmio, plomo y mercurio en cantidades que superan los límites legales y son dañinas para la salud de humanos y animales, metales que son utilizados en la explotación a cielo abierto.

La empresa y la Xunta ya preparan un nuevo proyecto que probablemente se autorice hasta que se vuelva a impugnar… y así sucesivamente. Es el modo de proceder de las multinacionales mineras.

La decisión del Tribunal es adversada también por los partidos políticos locales e incluso los sindicatos.

“No parece de recibo querer cambiar puestos de trabajo por veneno en el agua”, declaró una portavoz de Exoloxistas de Galizia. “Cuando dejen de explotar la mina en 30 años, la multinacional se marchará, pero la contaminación se quedará durante mucho más tiempo en recursos fundamentales como el agua”, agregó.

NICARAGUA: DE VERGÜENZA EN VERGÜENZA

Los últimos días de 2023 han sido fatales para la Iglesia Católica en Nicaragua. Al menos 10 religiosos (un obispo, siete sacerdotes y dos seminaristas) han sido detenidos por el régimen de Daniel Ortega en distintos puntos del país. Fueron secuestrados por policías y paramilitares, y no se conoce su paradero ni acusaciones formales. En la mayor parte de los casos el secuestro se produjo luego de manifestar su solidaridad con el obispo Rolando Álvarez, condenado a 26 años de cárcel por el delito de "traición a la patria".

Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa, fue sacado por la fuerza de su residencia el 19 de agosto de 2022 y encerrado en prisión. En febrero de 2023 se negó a ser desterrado a Estados Unidos junto a otros 222 prisioneros. Esto enfureció a Ortega, que ordenó que fuera encerrado en celdas de máxima seguridad en la Cárcel Modelo; al día siguiente fue condenado a 26 años de prisión en un juicio expres. El régimen no permite que organismos internacionales puedan visitarlo. Desde entonces, Monseñor Álvarez constituye una especie de símbolo de la resistencia frente al absolutismo de Ortega.

Este ha prohibido que se mencione el nombre del obispo en los oficios religiosos, donde los sacerdotes deben evitar también expresiones como “democracia”, “derechos humanos” o “libertad”.

En octubre de 2023 el Gobierno de Ortega desterró a Roma a 12 sacerdotes, a los que mantenía presos bajo distintos cargos. Probablemente esté preparando otro grupo de sacerdotes para enviarlos al destierro.

En los dos últimos años el régimen ha cerrado 30 universidades, habiendo confiscado sus bienes. El caso más conocido es el de la Universidad Centroamericana, administrada por los jesuitas.

Ortega trata de acallar cualquier voz crítica a su gobierno, y la Iglesia Católica es la única que queda, luego de haber sido silenciados los políticos opositores y las universidades.

INGRESO MÍNIMO VITAL: BONDADES Y TRABAS.

El ingreso mínimo vital (IMV) aumentará este año un 6,9% con respecto a 2023, con lo que un hogar de una sola persona tendrá garantizados unos ingresos de 604 euros, una familia con un adulto y dos niños contará con 1.148, y una con tres adultos y más de dos menores dispondrá de 1.330.

El IMV fue aprobado en mayo de 2020 para garantizar un ingreso mínimo en los hogares más vulnerables, de manera que la Seguridad Social les abonaría la diferencia entre esos techos establecidos y los ingresos reales de cada familia.

Inicialmente, el gobierno estimo que la medida beneficiaría a unos 850.000 hogares con 2,3 millones de personas.

El propio gobierno ha informado de que desde su puesta en marcha se han beneficiado en algún momento 735.562 hogares con 2.16 millones de personas, pero se desconoce el total de quienes actualmente reciben el beneficio.

La gestión de este subsidio se ha caracterizado por numerosas trabas burocráticas y atascos, que han provocado múltiples protestas y la demanda de una mayor flexibilización en lo requisitos para acceder a él.

CIFRAS DE LA INMIGRACIÓN EN 2023

Pese a las medidas de “protección” de Europa, en 2023 llegaron a nuestro Continente de forma ilegal casi 270.000 personas, jugándose la vida para lograrlo. 153.000 lo hicieron a las costas italianas, un 46% más que en 2022 y casi el triple que a España.

A las costas españolas llegaron 56.852, un 82% más que en 2022; 39.910 llegaron a Canarias, un 154,5% más que en 2022. Lo informa el Ministerio del Interior.

Son unas cifras de inmigración irregular que no se veían desde 2016, cuando la “crisis de refugiados” tras la guerra en Siria. 2023 se ha convertido en el segundo año con más llegadas irregulares a España después de 2018, cuando se registraron 64.298.

El incremento de llegadas a las islas Canarias se atribuye especialmente a los migrantes de Senegal y Gambia, países con graves problemas internos.

Los discursos de odio sirven -a veces- para manipular conciencias y ganar elecciones, pero pocas veces resuelven problemas.